19 de octubre de 2020

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Denuncian irregularidades en el proyecto hidrosanitario de Chone

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Más de USD 19 millones fueron entregados al Municipio de Chone para la ejecución del Plan Maestro Hidrosanitario de Chone. Poco antes de la entrega de propuestas, una denuncia llegó a manos del Gobierno, señalando un presunto direccionamiento para favorecer a una de las firmas participantes.

Se trata de una licitación internacional que luego de varios ajustes se autorizó a que inicie oficialmente el 20 de marzo de 2020, con un presupuesto de USD 19’015.456.

Para la ejecución de este proyecto, el Municipio de Chone recibió financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a través del Bando de Desarrollo del Ecuador (BDE), por un total de USD 19’725.000, de los cuales USD 11’744.638 son no reembolsables. Este monto es parte de un global de USD 34 millones garantizados por el Gobierno para la construcción del plan.

La entrega de propuestas de las empresas interesadas finaliza este 15 de mayo; sin embargo, previo a la fecha, una denuncia llegó a manos del Municipio de Chone, el Ministerio de Finanzas, la Presidencia de la República, el BDE, la CAF y entidades de control como la Contraloría General del Estado. 

Se trata de una carta  firmada por Eduard Jarque Vergés, gerente u representante de la firma EKR Iberoamérica y denuncia la falta de cumplimiento de normas y principios de la contratación pública /artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) y las políticas y lineamientos de CAF, sobre todo del trato justo.

Según Jarque, en el proceso se establecen condiciones que favorecen al consorcio Tarqui, conformado por las compañías LESDASA-ESEICO.

“En el referido proceso se da un puntaje superior al oferente que cumpla experiencia especifica con 1 proyecto, sin que esto responda a ningún criterio técnico o legal y por el contrario parece que se conoce de forma meridiana al proveedor que puede cumplir con estos parámetros, se solicita se ponga especial atención al contrato para “Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario para las parroquias de Tarqui y Los Esteros, cantón Manta” que la entidad Ecuador Estratégico contrató con Consorcio Tarqui, constituido por las compañías LESDASA-ESEICO, por un monto de USD19´188.936,09, Proceso COEM-EEEP-010-2016, Contrato GG-028-2016 y sus Contratos Complementarios por el monto de USD4´682.006,29 y 1´030.410,47, pues presumiblemente las consorciadas de esta obra serían quienes cumplen con todos los requisitos que establece el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chone en lo relacionado a la experiencia específica para obtención del puntaje máximo, atentándose así a la igualdad y trato justo existiendo un posible direccionamiento, pudiendo darse una violación las garantías legales que las entidades contratantes están obligadas a cumplir”, cita el documento.

A raíz de esta denuncia, el 4 de mayo, Carlos Jaramillo, gerente del BDE solicita al alcalde de Chone un informe respecto de la legalidad del proceso de contratación.

“solicito se remita de forma inmediata un informe respecto de la legalidad del proceso de contratación llevado a cabo por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, del que conste las acciones y gestiones sobre la observancia de las disposiciones de la normativa legal vigente y de los ‘Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público’ de la CAF, al que se adjuntarán los respectivos documentos de sustento”, cita el documento.

Está previsto que el proyecto se adjudique hasta el 29 de mayo.

De acuerdo a la denuncia de Jarque, las condiciones de la licitación podrían favorecer al Consorcio Tarqui, integrado por las empresas LESDASA y ESEICO. Esta alianza empresarial fue vinculada a las investigaciones por presunto delito de defraudación tributaria, dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en un informe del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, el 15 de marzo de 2019.

El informe sobre la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016 señal a Ramiro Galarza, representante de ESEICO, como sospechoso de supuesto enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria. Esto, dice el informe, “por la asignación de obras por un monto de USD 284 millones a título personal y como representante legal de más de 40 compañías y consorcios”.

¿A QUIÉN FAVORECE?

En dicho documento se pide a la Fiscalía General y la Contraloría que se investigue Ramiro Galarza, representante de ESEICO y el Consorcio Tarqui, como sospechoso de supuesto enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria, “por la asignación de obras por un monto de USD 284 millones a título personal y como representante legal de más de 40 compañías y consorcios”, agrega el informe.

Galarza también fue vinculado por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016 (Arroz Verde). En las investigaciones del caso, Galarza aparece en los cruces de facturas entre empresas privadas y representantes de Alianza PAIS, en su calidad de presidente de la empresa Construcciones y Servicios de Minería (Consermin).

Casi medio millón de dólares en facturas de servicios usados por Alianza PAIS registró la empresa Consermin, según la información del caso Sobornos 2012-2016.

Entre las obras adjudicadas a esta firma consta la rehabilitación de la vía Portoviejo-Pichincha, en Manabí, por $ 26,7 millones. La adjudicó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bajo el mando de María de los Ángeles Duarte, quien también está procesada en este caso.

Esa cartera le adjudicó, además, la construcción de la vía Shushufindi-Puerto Providencia, en la Amazonía, por USD 34 millones, en el 2011. SBS

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