Asambleísta Sofía Espín la encargada de negociar por Correa

Pese a que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, no ve ilegalidad alguna en que una persona visite a una procesada, para Felipe Rodríguez, defensa de Fernando Balda, víctima en el caso de secuestro; y Diego Chimbo, abogado de los dos exagentes procesados en esta causa, la pregunta es cómo una persona que no tiene nada que ver con una detenida pasa a visitarla en la cárcel.

Tanto Rodríguez como Chimbo piden al fiscal general Paúl Pérez que investigue cómo y para qué ingresaron, el lunes pasado, la asambleísta Sofía Espín (antes de AP), y Yadira Cadena, del estudio jurídico de Ochoa, a la Casa de Confianza, para hablar con Jéssica Falcón, exagente que es cooperadora eficaz de la Fiscalía.

“Cómo hace esta gente para entrar con tanta facilidad a las cárceles. Si cualquier persona quiere entrar, la respuesta es no”, afirmó Rodríguez.

Según él, le ha resultado difícil ingresar a visitar a alguien que quiere que lo defienda, si no está registrado en el centro de detención como abogado del detenido o como su familiar.

Chimbo afirmó que Espín ingresó a la cárcel en calidad de asambleísta con una abogada portando credencial (Cadena). Inmediatamente habrían llamado a Falcón y le habrían ofrecido, dice, protección en las Naciones Unidas a cambio de retractarse y decir que estuvo presionada para mentir.

“No podemos permitir que una asambleísta en funciones vaya a la cárcel y solicite a una detenida que mienta diciendo que el fiscal general del Estado (Paúl Pérez) le dijo que mienta involucrando a Correa. Eso no puede suceder en un Estado de derecho”, aclaró el abogado de la exagente de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

El martes pasado, una vez que se suspendió la audiencia preparatoria de juicio, Pérez dijo que escuchó con “sorpresa” que se había realizado una visita que ha sido desconocida por el resto de sujetos procesales. Esto, para él, establece una falta de lealtad procesal y son acciones al margen de la ley.

El fiscal dijo que iniciará las acciones pertinentes, es decir, si existe un delito se dará una investigación o se tomarán otras medidas administrativas.

Ochoa calificó al hecho como un “acto de generosidad absolutamente humano” frente a una persona que, según él, está detenida sin pruebas y a la que se mantiene como rehén para que se utilice su testimonio para comprometer a Correa.

Este tipo de visitas sorpresivas, explicó Chimbo, también se habrían dado en varias ocasiones con su otro cliente, Raúl Chicaiza. Él explica que la forma de operar en el caso de la Cárcel 4 es que van a visitar al exvicepresidente Jorge Glas y terminan contactando a Chicaiza para insinuarle que cambie su versión en el proceso.

“Las visitan han sido de abogados que pertenecen al consorcio de la defensa del expresidente (Rafael Correa), quienes visitando a Jorge Glas es que están molestando constantemente a Raúl Chicaiza y de esto ya tiene conocimiento la Fiscalía”, concluyó.

La ministra del Interior, María Paula Romo, calificó como grave la visita a la exagente.

Aunque el sistema de rehabilitación no tiene relación con ese Ministerio, dijo que cuando una persona se acerca con la intención de tratar de conversar con un testigo protegido podría estar obstruyendo a la justicia.

Indicó que si no se cumplieron con los requisitos y protocolos para las visitas, deben aplicarse sanciones.

EL UNIVERSO

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