El manejo de la información crediticia que plantea el proyecto de Ley para Reactivar la Economía afectaría las opciones de crédito de 2,4 millones de sujetos

El proyecto de Ley para Reactivar la Economía, Fortalecer la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera sigue sumando observaciones. En esta ocasión Equifax, buró de crédito que actualmente brinda la información de referencias crediticias en el país, se pronunció mediante su vocero, Marco Rodríguez.

El documento que se debate en la Asamblea Nacional, propone la eliminación de los burós de crédito y el traspaso de dichas funciones a la Superintendencia de Bancos, pero además establece un límite (0.15 del salario básico unificado – US$ 56) por debajo del cual no se podrá registrar ningún crédito (información positiva o negativa). Los efectos de esta restricción es la afectación del historial crediticio de un muy importante número de personas.

De acuerdo con Rodríguez, basado en datos técnicos recopilados por esta entidad, con esta medida se eliminarían 2.8 millones de créditos actualmente registrados, que corresponden a 2.4 millones de sujetos (un sujeto puede tener más de un crédito registrado), afectando el acceso de esa población a diversos créditos, bienes y servicios.

De esos 2.8 millones de créditos registrados, 2 millones de créditos (73%) corresponden a deudas por vencer o pagadas a tiempo (información positiva) que muestran buen comportamiento de pago. De este modo, el proyecto de Ley afectaría al pequeño deudor que además cumple de manera responsable con su deuda.

Además, el vocero plantea que de aprobarse la normativa, las casas comerciales, las prestadoras de servicios y el sistema bancario y cooperativo podrían ver reducida la fuente de información para el análisis crediticio por falta de datos de las personas con créditos de montos bajos, lo cual tiene un carácter discriminatorio.

Rodríguez plantea que el proyecto también traería consecuencias nefastas para los esfuerzos que está haciendo el gobierno para lograr la ampliación de las preferencias arancelarias con EEUU. La transitoria del proyecto ordena que los burós de crédito remitan su base de datos a la Superintendencia de Bancos, sin respetar las normas de propiedad intelectual, constituyéndose en una confiscación de propiedad. La garantía sobre esa propiedad intelectual es uno de los requerimientos para que se puedan extender dichas preferencias.

Otro elemento que preocupa a esta entidad es que de aprobarse el documento la Superintendencia de Bancos sería juez y parte del sistema financiero; es decir, no solo tendría el rol de supervisor, sino que se convertiría en proveedor de información.

Frente a estas consideraciones, Equifax plantea una revisión exhaustiva y técnica del proyecto de Ley para que el manejo de la información crediticia esté garantizado y evitar que los artículos contenidos en él afecten al segmento más vulnerable de la población. Además, la entidad propone que exista una pluralidad de agentes en el mercado; es decir, que se permita la participación de burós privados y públicos, en coexistencia bajo las mismas reglas de juego.

Redacción

Periodismo e investigación

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