31 de octubre de 2020

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¿Tiene responsabilidad Rafael Correa en el pago de $1.061,7 millones por multa en el caso Occidental?

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En 2006, la empresa estadounidense Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi después de que el Régimen declaró la caducidad de un contrato de explotación en la Amazonía por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40% de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.

El proceso de caducidad si bien tuvo su desenlace en el gobierno de Alfredo Palacio (Mayo 2006), en realidad fue activado en el período de Lucio Gutiérrez, el mes de agosto del año 2004, cuando el Procurador del Estado, José María Borja, por disposición presidencial, solicitó la caducidad, al haberse suscrito un acuerdo y transferido el 40% de derechos y obligaciones a la compañía ENCANA (Andes Petroleum), sin autorización ministerial, violando el Contrato de Participación y la Ley de Hidrocarburos.

Para entonces no faltaron las acusaciones de que Gutiérrez utilizaba la caducidad como una estrategia de presión en la negociación del tratado de libre comercio con EEUU (TLC). En septiembre del mismo año, con base a la excitativa del Procurador, el presidente de Petroecuador Luis Camacho (ex empleado de Petrobras), continuó el proceso notificando a Oxy con el inicio de la caducidad.

Luego de la caída del coronel Gutiérrez, el gobierno interino de Alfredo Palacio aceleró la batalla, contando con importantes impulsores en el Directorio de Petroecuador, como el ministro de Finanzas Rafael Correa, el Presidente de Petroecuador, Carlos Pareja y el Ministro de Energía Iván Rodríguez.

El 17 de enero el entonces candidato a la presidencia de la República, Rafael Correa, solicitó que se enjuicie “por traición a la patria a aquellos funcionarios públicos que no toman una decisión” en el caso de la caducidad del contrato de la petrolera Occidental.

El 15 de mayo del año 2006 desde el umbral de Petroecuador, Carlos Pareja se despedía formalizando la caducidad, Occidental abandonaba el país, y dos días después demandó al Ecuador ante el CIADI.

El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió las operaciones del campo que operaba, lo que para la petrolera fue una especie de confiscación de sus activos y una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.

Después de un largo proceso de algo mas de nueve años, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial redujo la condena por $1’.769,625 impuesta a Ecuador, tras la demanda de la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), pero le obligó a cancelar un total de $ 1’.061.775 dinero que deberá desembolsar el Ecuador.

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