28 de octubre de 2020

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El derecho incómodo

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El constituyente de Montecristi no se equivocó. Si los derechos y aquel arquetipo de justicia, establecidos en el artículo 1 de la Constitución, siguen siendo la razón de ser de nuestro Estado constitucional, entonces, el derecho-garantía a la resistencia no es más que una confirmación de la evolución y progreso normativo ecuatoriano, frente al reconocimiento de los derechos constitucionales y las libertades públicas. Una interpretación contraria, tan solo puede obedecer a caprichos políticos provenientes de la incomodidad que le genera al presidente Correa, la existencia de una herramienta constitucional adicional para la protesta ciudadana, frente a la ilegitimidad e injusticia de sus actos.

Quizás desde la óptica del oficialismo gobernante, no hacía falta la inclusión del derecho a la resistencia al interior de la Constitución, pues la misma, establece vías legítimas para la protección de los derechos frente a los abusos del poder público. Argumentación cierta pero intrascendente en el Ecuador de hoy, toda vez que las funciones estatales, han dejado de ser serviciales a los derechos para cumplir con los antojadizos deseos del poder. En ese sentido, las vías judiciales y constitucionales que comúnmente en democracia se utilizarían para el resarcimiento y reconocimiento de derechos, resultarían inútiles e inoficiosas, como medios previos para el uso final de la resistencia. Pese a aquello, la generosa redacción del artículo 98 de la Constitución, faculta a los particulares a no esperar agotar las vías de reparación ya anotadas, sino a utilizarlo, en base a los principios de proporcionalidad y el respeto de los derechos humanos, esto es, siguiendo lo estipulado en el artículo 427 de la Carta Fundamental, otorgándole una interpretación favor libertatis.

Entonces, ¿cómo debemos utilizar a la resistencia en el contexto ecuatoriano? Comprendiendo que los métodos jurídicos son ineficaces, que el control de constitucionalidad de las leyes es servil y que las omisiones y actos del poder público son evidentemente ilegítimos y contrarios a la voluntad constitucional, es imperante el uso primigenio de este derecho-garantía como muro de contención al gobierno y sus políticas. Es decir, utilizándolo como el mejor y más efectivo recurso en contra de la arbitrariedad y la injusticia, en palabras de Gargarella, utilizarlo como “el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”.

De todo lo expuesto, es sencillo concluir que el derecho a la resistencia es un fundamento constitucional incómodo para el presidente Correa. No le favorece su existencia ni su ejercicio ciudadano, mucho menos, en estas semanas de continua desobediencia civil que cada vez gana más adeptos entre los ecuatorianos. El tan cacareado artículo 98, no es un rezago normativo, no es un invento de Alberto Acosta; y, tampoco, es una causa del desequilibrio político de este gobierno. Correa, promovió siempre con globos y confetis esta Constitución y ahora quiere desconocer lo que el mismo alababa. ¿Mucho cinismo o mucha ignorancia?

Por: Italo Sotomayor M.

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