29 de noviembre de 2020

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Amenazan al comunicador Gonzalo Rosero

roseroUn periodista radial ecuatoriano, a quien el gobierno tilda de opositor, está siendo intimidado a través de llamadas anónimas que le advierten que será «destrozado», denunciaron hoy, 27 de julio del 2015, su familia y organizaciones privadas de libertad de prensa.

Las amenazas están dirigidas contra Gonzalo Rosero, director y conductor de radio Democracia, según dijo su hijo Álvaro Rosero, también vinculado con ese medio de comunicación, en una denuncia publicada en redes sociales.

En las llamadas anónimas, agregó, se escuchan advertencias como «antes de caer el gobierno caerá Gonzalo Rosero y sus radios» o «ya son varias personas a las que escucho que están resueltas a dañar a Gonzalo Rosero».

La ONG Fundamedios y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) se hicieron eco de la denuncia.

Según Fundamedios, las llamadas «amenazantes y de contenido agresivo» contra el comunicador empezaron el 20 de julio. El caso fue dado a conocer al ministerio del Interior, precisó la ONG.

La AFP se comunicó con ese organismo y otras autoridades, pero de momento no obtuvo una respuesta.

De su lado, la UNP exigió a la Fiscalía una «exhaustiva investigación sobre los actores e instigadores de estas amenazas y agresiones». Además responsabilizó de las amenazas a «quienes públicamente hacen llamados a perseguir, acosar y humillar a periodistas».

Duro crítico del presidente Rafael Correa, Rosero es considerado por el mandatario como un «opositor de mala fe».

En ese sentido, Fundamedios -una organización que Correa también critica por su supuesto sesgo político- destacó que Rosero ha sido «constantemente estigmatizado en los enlaces presidenciales y además se ha mostrado su fotografía repetidamente».

Correa, en el poder desde 2007, mantiene una difícil relación con un sector de la prensa privada a la que tilda de «corrupta y mediocre», y ha impulsado juicios contra medios y periodistas por calumnia e injurias.

Las tensiones han ido en aumento desde que Correa sacó adelante, mediante una consulta popular, una Ley de Comunicación que aumentó los controles sobre los medios, y fijó una redistribución de frecuencias de radio y TV que establece un equilibrio entre medios privados, públicos y comunitarios.

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