plenocce1La Corte Constitucional (CC) resolvió hoy 30 de julio de 2014 que en el caso de justicia indígena denominado La Cocha no se vulnenaron los derechos constitucionales tanto en ejercicio de administración indígena, como por asamblea comunitaria, Fiscalía y justicia penal ordinaria. Es decir que no hubo doble juzgamiento por este caso.

También estableció normas para los medios de comunicación. Ahora para difundir casos de justicia indígena se debe tener autorización de las autoridades indígenas y «reportar de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción».

La resolución dice que el pueblo kichwa de Panzaleo es la autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los conflictos internos en sus territorios, y que su Asamblea General Comunitaria «cuando conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección del bien jurídico vida como fin en sí mismo, sino en función de los efectos sociales y culturales que esa muerte provocó en la comunidad».

Mientras que el «ministerio público y la justicia penal ordinaria actuaron bajo la obligación constitucional y legal de investigar y juzgar, respectivamente, la responsabilidad individual de los presuntos implicados en la muerte».

Antecedentes:

El 9 de mayo de 2010, 5 jóvenes de la comunicad La Cocha (Cotopaxi) fueron acusados como los responsables de un asesinato, y fueron sancionados según las tradiciones indígenas, pero también fueron sometidos a un proceso penal por la justicia ordinaria.

La comunidad cuestionó el doble juzgamiento.

La CC también estableció normaspara las autoridades indígenas, administrativas y jurisdiccionales, así como medios de comunicación públicos, privados y comunitarios:

– La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona, es facultad exclusiva y excluyente del Sistema de Derecho Penal Ordinario, aún en los casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así los hechos ocurran dentro del ámbito territorial de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena.

– La administración de justicia indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios.

– Las autoridades de justicia penal ordinaria, en el procesamiento y resolución de casos penales que involucren a ciudadanos indígenas, aplicarán obligatoriamente lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

– Es obligación de todo medio de comunicación público, privado y comunitario que para la difusión de casos de justicia indígena, previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas y, comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción.

– Que el Consejo Nacional de la Judicatura organice un proceso sistemático de difusión de esta sentencia con todos los operadores de justicia relacionados, debiendo diseñar una política institucional apropiada para lograr una eficaz y generalizada implementación administrativa y financiera de las instancias de cooperación y coordinación intercultural-

– Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Secretaría Nacional de la Política, organicen, a la brevedad posible, un proceso nacional de difusión de esta sentencia en el nivel local, provincial y nacional con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en su propia lengua. La Hora

Por Redacción

Periodismo e investigación

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