22 de octubre de 2020

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Comisión del 30 de septiembre entrega informe a la medida

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30sLa Comisión Especial que el Ejecutivo conformó para investigar los hechos del 30 de septiembre del 2010 ratificó en su informe final que en esa fecha hubo una “acción planificada y concertada”, que dio paso a un “golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional”.

Ayer, el presidente de la Comisión, Carlos Baca, junto a sus dos integrantes, Óscar Bonilla y Diego Guzmán, divulgaron algunas conclusiones del documento, que el sábado anterior entregaron al presidente de la República, Rafael Correa.

Dicho informe será suministrado el próximo lunes al fiscal general, Galo Chiriboga, para su judicialización.

Según la Comisión, el “golpe de Estado blando” se configura cuando se dan acciones desestabilizadoras, orquestadas desde el extranjero y dirigidas a generar un boicot económico, una manipulación informativa y movilizaciones sociales, entre otras situaciones.

Estos hechos, según los comisionados, habrían ocurrido el 30 de septiembre del 2010, cuando supuestamente se puso en evidencia “la existencia de una oposición antidemocrática, que se desnudó como conspirativa y golpista”, y que buscó deponer a Correa.

El informe hace un recuento de los incidentes que se dieron en esa fecha, desde la sublevación policial y la toma de la Asamblea, de las gobernaciones de varias provincias del país, de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, hasta con los saqueos que se registraron.

Todos estos actos, según los comisionados, respondieron a la planificación concertada de actores políticos y de movimientos gremiales, trabajadores y sindicalistas petroleros, entre otros.

Como actores de este supuesto proceso de desestabilización y de creación del caos social, los comisionados señalaron a Mery Zamora, expresidenta de la UNE; a los asambleístas Lourdes Tibán y Cléver Jiménez (PK); así como a los hermanos Pablo y José Guerrero. Además, a exmiembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Del expresidente Lucio Gutiérrez; el exjefe de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño; y de los hermanos Isaías (Roberto y William), el informe asegura que participaron en una reunión en Miami (Estados Unidos) con fines “conspirativos”.

Según Baca, la Comisión identificó la participación de decenas de actores políticos en diferentes escenarios del 30 de septiembre, pero sus nombres se mantendrán en reserva para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía.

Las evidencias de toda la indagación, que ayer cerró su gestión de un año (seis meses más otros seis de prórroga), están recogidas en 70 mil hojas y 300 piezas audiovisuales.

El informe reseñó que el hecho se investigó desde varias ópticas, como la debilidad institucional, sistemas de comunicación e inteligencia, actores políticos y económicos y medios de comunicación. Todos estos habría confluido en el intento de desestabilizar al país.

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Conclusiones tiene el informe de la comisión del Ejecutivo.

Caso
MERY ZAMORA

Impugnación
Carlos Baca, presidente de la Comisión, dijo que el Ejecutivo presentaría una acción constitucional para impugnar la sentencia absolutoria a favor de la profesora Mery Zamora.

Opinión
Para Baca, fue “inaudita y sorprendente” la decisión de los jueces pues “no hay duda” de que Zamora intervino en los hechos del 30 de septiembre, “cuando convocó a adolescentes a movilizarse y los expuso al ambiente de violencia”.

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