2 de diciembre de 2020

Periodismo Ecuador

Noticias del Ecuador y el mundo

CIDH dicta medidas cautelares para Jiménez, Villavicencio y Figueroa

Un hombre descendiente de haitianos, observa la transmisión desde Washington (EE.UU.) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras habla Rhadys Abreu de Polanco, embajadora encargada del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano hoy, lunes 24 de marzo de 2014, en el Centro Bonó, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE
Un hombre descendiente de haitianos, observa la transmisión desde Washington (EE.UU.) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras habla Rhadys Abreu de Polanco, embajadora encargada del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano hoy, lunes 24 de marzo de 2014, en el Centro Bonó, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió hoy medidas cautelares al asambleísta opositor Cléver Jiménez y otros dos ecuatorianos condenados a penas de entre 6 y 18 meses de cárcel por injurias al presidente de Ecuador, Rafael Correa.

En una resolución, la CIDH pide al Estado de Ecuador «suspender la ejecución de la sentencia de Casación» emitida el pasado 14 de enero por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana contra Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa.

La Comisión justifica su decisión «por el daño grave e irreparable que el proceso en sí mismo y la posterior sentencia tendrán en sus derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derechos políticos y libertad de expresión».

Los tres ecuatorianos fueron denunciados por Correa por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el mandatario estuvo retenido varias horas en un hospital de Quito durante una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.

Jiménez y Villavicencio fueron condenados a un año y medio de prisión cada uno, y Figueroa a seis meses de prisión; penas que fueron ratificadas el pasado viernes por la jueza Lucy Blacio, que emitió órdenes de encarcelamiento contra los tres.

«La Comisión solicita al Estado de Ecuador que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 14 de enero, emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada (…) de la Corte Nacional de Justicia, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-107-14», señala el organismo.

Los tres condenados solicitaron medidas cautelares el pasado 30 de enero, y la Comisión tomó hoy la decisión de concederlas por una mayoría de cinco votos, con los pronunciamientos en contra del brasileño Paulo Vannuchi y la paraguaya Rosa María Ortiz.

El pasado 24 de enero, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya expresó su preocupación por el caso, y recordó que «la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión».

En su decisión de hoy, la CIDH indica también que «la imposición de la condena penal» en este caso «genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión y del derecho de petición» debido a las restricciones a sus derechos políticos que implica una condena a cárcel.

Además, advierte de que la ejecución de la sentencia «no sólo tendría un efecto intimidatorio respecto de los propuestos beneficiarios, sino respecto de sus pares (periodistas y legisladores), así como de todas las personas que pretendan denunciar a funcionarios públicos ante las autoridades competentes».

La CIDH alerta también del «efecto silenciador que este tipo de decisiones pueden tener sobre el debate público y el control democrático a la gestión de un gobernante».

En 2010, los tres condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

Presentaron una denuncia con esta versión en la Fiscalía, que la calificó de temeraria y maliciosa al no haber demostrado esas acusaciones y no la acogió, por lo que el mandatario inició un juicio por injurias que se alargó hasta la decisión del tribunal, el 14 de enero.

La CIDH escucha denuncia sobre concentración de medios en Perú

Washington, 24 mar (EFEUSA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó hoy los argumentos de varias organizaciones peruanas que denuncian la supuesta concentración de medios que se está produciendo en el país y sus efectos sobre la libertad y el pluralismo.

Los demandantes advirtieron hoy a la CIDH de que la supuesta concentración en torno al grupo de El Comercio en Perú puede «acallar las voces» de otros medios que no tienen el mismo poder para acceder a la publicidad, y también generar un sesgo en la información debido a «intereses corporativos».

La relatora de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, evitó pronunciarse sobre el caso porque «está judicializado en Perú» y «se va a resolver en el ámbito interno», pero sí instó a las «otras partes que tienen un interés legítimo en este debate y que no han podido ser parte de esta audiencia» a que le informen sobre su posición.

En la audiencia pública del 150 periodo de sesiones de la CIDH celebrada hoy en Washington, el Instituto de Defensa Legal (IDL) peruano planteó su preocupación por las consecuencias de la reciente compra por parte del grupo empresarial del diario El Comercio de un importante paquete de acciones de la compañía Epensa.

El director de IDL, Glatzer Tuesta, indicó que con dicha compra el grupo editorial se adjudicó el 78 % del mercado periodístico peruano, lo que «puede terminar sacando del camino a medios» incapaces de competir con la estructura comercial de ese grupo.

«Uno de los principales aspectos que vemos en toda esta operación es la capacidad que tiene este grupo de poder negociar publicidad en bloque», precisó Tuesta en declaraciones a Efe tras la audiencia.

«Cuando van a negociar con el Estado, le dicen: yo tengo el 78% de la lectoría, y pueden negociar bajándoles el precio, regalándoles bonos, etcétera. Y eso quiere decir que los que no tienen esa posibilidad de negociar, se quedan fuera de la posibilidad de acceder a publicidad estatal o privada», agregó.

Por su parte, El Comercio niega rotundamente que el grupo controle ese porcentaje del mercado y asegura que el contrato con Epensa respetó la legislación peruana y estuvo motivado única y exclusivamente por la búsqueda de sinergías empresariales.

Según dijeron a Efe fuentes de la presidencia de El Comercio, la demanda oculta el hecho de que este grupo compró el 54 % de Epensa que controla sólo la parte logística, productiva y comercial de los diarios, pero no la parte editorial, que sigue siendo propiedad al 100% de la familia Agois Banchero en una nueva sociedad independiente.

«Tras la operación, el grupo El Comercio sigue manteniendo el 49 % del total de los diarios que se venden en Perú; Epensa, un 28 %; y el Grupo La República, un 16 %», de acuerdo con estas fuentes.

Por su lado, en la audiencia de hoy, el INL que dirige Tuesta y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, que también solicitó la audiencia de hoy, mostraron su preocupación por «la propiedad cruzada de los medios de comunicación» que detectan en Perú.

El pasado noviembre, ocho periodistas peruanos interpusieron una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la operación de asociación entre El Comercio y Epensa.

Uno de los firmantes de esa demanda es Gustavo Mohme, el director del grupo La República, empresa periodística que pugnó inicialmente por hacerse con el control de Epensa.

El INL y la CNDDHH pidieron al Estado peruano que «respete y eventualmente implemente las decisiones judiciales que resuelvan casos concretos de excesiva concentración y establezcan limites propios de una sociedad democrática».

Además, solicitaron que el Estado se asegure de que hay debido proceso, «teniendo en cuenta que hay poderosas presiones políticas y empresariales» en juego.

Por su parte, el embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, subrayó que el Gobierno peruano respeta el proceso judicial en desarrollo y que el artículo 61 de la Constitución establece «la imposibilidad de concentración o monopolio de los medios» en Perú.

La CIDH concede medidas cautelares a ecuatorianos y sufre plantón de Colombia

Washington, 24 mar (EFEUSA).- La CIDH concedió medidas cautelares a tres ecuatorianos condenados a penas de cárcel por injurias al presidente de Ecuador, Rafael Correa, al tiempo que vio cómo los representantes de Colombia abandonaban una audiencia relacionada con el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Esos dos sucesos marcaron la primera jornada de audiencias públicas del 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que escuchó también hoy denuncias sobre Perú, República Dominicana, Argentina y sobre la situación general de los defensores de derechos humanos en todo el continente.

En una reunión al margen de las audiencias, los comisionados aprobaron, por cinco votos contra dos, otorgar medidas cautelares para el asambleísta opositor Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio, y el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa, condenados a entre 6 y 18 meses de cárcel.

La medida pide al Estado de Ecuador «suspender la ejecución de la sentencia» emitida el pasado 14 de enero por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana contra Jiménez y Villavicencio, condenados a un año y medio de prisión cada uno; y Figueroa, sentenciado a seis meses de prisión.

La Comisión justifica su decisión «por el daño grave e irreparable que el proceso en sí mismo y la posterior sentencia tendrán en sus derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derechos políticos y libertad de expresión».

Los tres ecuatorianos fueron denunciados por Correa por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el mandatario estuvo retenido varias horas en un hospital de Quito durante una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.

La decisión llega menos de una semana después de que la Comisión aprobara conceder medidas cautelares a Petro, cuyo rechazo casi inmediato por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos generó una tensión que hoy pudo palparse en una de las audiencias.

La CIDH, que tras otorgar las medidas cautelares insistió en que eran de «obligatorio cumplimiento», ha evitado reaccionar hasta ahora a la decisión de Santos, pero sí ha confirmado que mantiene en trámite una petición para evaluar a fondo el caso de Petro, para lo que ha pedido al Estado colombiano que le envíe comentarios.

El Gobierno colombiano mostró hoy su desacuerdo con que, de forma paralela a la evaluación del caso de Petro, la CIDH decidiera convocar una audiencia dedicada «la práctica institucional para imponer restricciones a los derechos políticos» en Colombia.

Tras solicitar el viernes sin éxito que dicha audiencia fuera cancelada, los representantes del Estado dieron hoy unas breves explicaciones y después se retiraron de la audiencia.

«Consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso» que la Comisión ha iniciado sobre Petro, indicó Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano.

Tracy Robinson y Felipe González, dos de los siete comisionados que integran la CIDH, lamentaron la decisión del Estado e insistieron que la audiencia no buscaba centrarse en el caso Petro, que no fue mencionado específicamente por ninguna de las organizaciones peticionarias durante la sesión.

La audiencia se centró en analizar si la potestad del Procurador General de Colombia de destituir a funcionarios públicos encaja con la Constitución colombiana o la Convención Americana.

El comisionado Paulo Vannuchi coincidió con los peticionarios en que es «muy clara la necesidad de un remedio constitucional» a esa capacidad del Procurador, dado que se realiza por la vía administrativa y «sin un debido proceso judicial».

En otra audiencia, la CIDH criticó que las medidas tomadas por la República Dominicana ante las denunciadas violaciones al derecho a la nacionalidad van «en una dirección distinta» de la que marca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y pidió explicaciones al Gobierno de Danilo Medina.

El organismo subrayó que el problema de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana no puede solucionarse con «un plan de regularización de extranjeros», en palabras de González.

Por último, dos organizaciones advirtieron a la CIDH de que la supuesta concentración mediática en torno al grupo de «El Comercio» en Perú puede «acallar las voces» de otros medios que no tienen el mismo poder para acceder a la publicidad, y también generar un sesgo en la información debido a «intereses corporativos».

La CIDH retomará el martes sus sesiones con audiencias sobre las políticas de drogas en las Américas, la pena de muerte en el continente y denuncias sobre Estados Unidos y Cuba, entre otros casos.

Deja un comentario

Copyright © Periodismo Ecuador Newsphere por AF themes.