Resolución que declara que Empagran no es deudora de Filabanco, por haber pagado a sus ex accionistas la obligación.
Resolución que declara que Empagran no es deudora de Filabanco, por haber pagado a sus ex accionistas la obligación.

Según Plan V, en 2009, la Empacadora Grupo Granmar, de propiedad de la familia Estrada, fue embargada por el Estado, al presumirse su relación con los exaccionistas de Filanbanco. Una deuda que mantenía con el banco había sido pagada a otra empresa de los Isaías, en el exterior, lo cual fue reconocido por el Estado en una reciente resolución y era el pedido que hizo a Pedro Delgado el fiscal general Galo Chiriboga por medio del chat.

Así, según la resolución firmada el 29 de septiembre del 2009, se declaró oficialmente que la empresa era realmente propiedad de los exaccionistas de Filabanco, por lo cual pasó a ser bien del Estado ecuatoriano, por medio de la AGD. También, se estableció que dicha compañía tenía una deuda pendiente con el Filanbanco, de poco más de cinco millones de dólares, que debía ser cobrada.

No obstante, la defensa de la empresa alegó que dicha obligación, había sido pagada en su momento, a otra empresa de propiedad también de los exaccionistas de Filanbanco, aunque no al banco directamente,  por lo cual se le estaba cobrando dos veces.

Acogiendo ese criterio, Katia Torres, la misma funcionaria que en el 2009 declaró la incautación de Empagran, admitió en una resolución de julio del 2013, que la empresa había liquidado sus obligaciones, por lo cual no procedía el cobro de la deuda.

Pero Pedro Delgado, desde Miami, tiene una lectura distinta. En una carta enviada a los medios de comunicación, el ex titular del Central afirma que se trata de una maniobra realizada para favorecer a esa empresa. Y acusa de ella directamente al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

En su carta, Delgado afirma que los exaccionistas de Filanbanco pretendieron recuperar parte de los activos de su banco, en forma de pagarés suscritos por empresas pertenecientes al Grupo Isaías o vinculadas a éste.

Esta operación financiera se la conoce como ‘el vuelto’. Para evitarlo, se tomó la decisión de ejecutar dichos pagarés y de esta forma obtener recursos para pagar a los depostitantes, cosa que, según afirma Delgado, se hizo recién en el actual Gobierno por expresas instrucciones del presidente Rafael Correa.

Pero el detalle, según Delgado, es que la resolución de Katia Torres que libera a Empagran de su deuda confirme legitimidad legal a lo que -afirma- son los manejos de ciertos banqueros para hacer desaparecer deudas de sus balances por medio de operaciones de notaría.

Resolución que declara que Empagran no es deudora de Filabanco, por haber pagado a sus ex accionistas la obligación.

En su criterio, con su resolución, Katia Torres ha vuelto imposible que se puedan cobrar todos los pagarés de las empresas vinculadas en el caso del ‘vuelto’, lo cual contraviene las instrucciones del propio presidente Correa. Según Delgado, esto había sido hecho a espaldas del presidente Correa, quien no estaría al tanto de las gestiones del fiscal general Galo Chiriboga, a favor de Empagran.

Las consecuencias de la supuesta gestión del Fiscal General, en criterio de Pedro Delgado, serían varias, entre ellas, dejar sin validez legal la declaratoria de ilegalidad que tanto el Servicio de Rentas Internas cuanto la Ugedep, la entidad sucesora de la AGD, habían realizado de las operaciones contables de las empresas vinculadas al caso del ‘vuelto’. Así mismo, precisa Delgado, se podría perjudicar a los trabajadores de Ecudos, quienes cobraron utilidades amparados en las presunciones legales sobre la propiedad de esa empresa, y que se podrían ver obligados a devolver el dinero recibido.

La resolución no sólo beneficiaría a los Isaías, sino a todos los exbanqueros cuyos bienes fueron incautados por presunción de propiedad, pues consagraría que sea la Ugedep la que tenga que probar que los bienes les pertenecían, cuando las normas que se habían aplicado hasta entonces establecían más bien que si un tercero se consideraba perjudicado por una incautación debía probar de manera suficiente que los bienes no eran de los exbanqueros.

Delgado finalizó su misiva desde Miami afirmando que el perjuicio podría llegar a USD 148 millones sólo en el caso del ‘vuelto’, y que todos los exbanqueros podrían iniciar acciones administrativas con ese precedente.

De su lado, el fiscal general Galo Chiriboga admitió la veracidad de las comunicaciones enviadas por chat a Pedro Delgado, y aseguró que Empagran es propiedad de una familia muy respetable de Guayaquil, a la cual se le estaba cobrando dos veces una obligación que sí había pagado. Negó, en todo caso, que se trate de un caso de tráfico de influencias, pues -según dijo- durante la gestión de Pedro Delgado no se dió paso a su pedido, aunque esto ocurrió varios meses después de la caída del extitular del Central por el escándalo de su título falso.

Por Redacción

Periodismo e investigación

Deja un comentario