Indignados los hijos de Lugo

Por: Italo Sotomayor

Y es que así deben sentirse los casi incontables descendientes del ahora expresidente paraguayo, tras ser destituido de sus funciones hace unas semanas. Un juicio express auspiciado por el Senado paraguayo, dio lugar a la definitiva salida de Fernando Lugo del poder. No cabe duda, que la destitución fue orquestada por el legislativo entre gallos y media noche, pues de manera casi que improvisada, dieron paso a una aplastante votación que terminaría en el adiós para Fernando. Las reacciones políticas no se hicieron esperar, y fueron precisamente los presidentes de la región, quienes calentaron el panorama político y fustigaron en todas sus líneas la destitución del sacerdote.

Existe una incesante preocupación de los Jefes de Estado de esta parte del mundo por nombrar a todo acto contrario a sus intereses, como golpe de Estado. Y es que su angustia no es del todo infundada, pues es bien sabido que la experiencia histórica latinoamericana no ha sido sencilla, y mucho menos, teniendo la permanente vigilancia política de Estados Unidos. Pero lo sucedido en Paraguay, está bien lejos de ser un golpe de estado o un acto ilegítimo por parte del Senado, ya que haciendo uso de una herramienta constitucional, dicho acto se encuentra revestido de legalidad y legitimidad. La Constitución paraguaya, reconoce entre sus artículos, la potestad del Congreso para iniciar un juicio político al Ejecutivo y lograr su destitución. Es por eso que resultan inválidos los comentarios tendientes a trata de negar esta potestad legislativa, por el simple hecho de pretender proteger los intereses ciudadanos manifestados en las urnas. Esto no es más que pura basura argumentativa, proveniente  de la demagogia de ciertos sectores políticos paraguayos que han sido contagiados por las opiniones de los mandatarios de la región.
Toda vez que una decisión de los poderes públicos, guarda concordancia con la Constitución, es prueba más que suficiente para tildar ha dicho acto como legítimo. La fuerza constitucional, mucho más que antes, provee recursos y herramientas útiles, para acallar todo aquello que podría sospecharse como contrario al ordenamiento jurídico. Pero de la misma Constitución paraguaya, aparece otro requisito indispensable, que vela por los intereses de quienes han sido enjuiciados por el Estado. Esta no es otra, que la garantía del debido proceso, que de forma notoria, fue maniatada por los legisladores paraguayos. Veinticuatro horas fueron suficientes para ejecutar una acusación en contra de Lugo y otorgarle su derecho a la defensa, que ante la celeridad que se pretendía darle, resultó inoficiosa y hasta innecesaria. De esta manera, sí podría alegarse una violación constitucional al vulnerar el derecho de defensa del expresidente paraguayo, pero aun así, seguiría siendo un proceso válido al estar en apego a una decisión legislativa y judicial.
Resulta complicado delimitar parámetros específicos y delineados en los juicios políticos en donde esté de por medio la destitución de representantes del Legislativo o Ejecutivo. Los afectos y desafectos políticos, siempre son las principales herramientas para censurar este tipo de procesos. El caso paraguayo, resulta de suma relevancia para el acontecer democrático latinoamericano. Aunque como queda dicho, fue un proceso constitucionalmente válido, no dejan de ser preocupantes los efectos políticos que irradia en nuestros pueblos. El desconocimiento al gobierno de Federico Franco por parte de la gran mayoría de mandatarios regionales, no es una sana consecuencia de lo sucedido, es más bien, un efecto negativo que lástima aquel soñado intento de integración de nuestros pueblos. Por otro lado, es preciso manifestar que existe una particularidad en la situación política actual de la región. Ante una posible sumisión de las fuerzas armadas de nuestros países, que tan acostumbrados nos tienen a liderar golpes de Estado, es ahora el poder Legislativo el que se encarga de orquestar destituciones. Uno y otro caso, no resultan proporcionales, pero si pienso que debemos permanecer vigilantes ante un posible surgimiento de una nueva forma de eliminación de gobiernos, que aunque amparados en la ley y la Constitución, podrían buscar expresar su descontento y desapego con el mandatario de turno, mediante procesos como el paraguayo. La arbitrariedad y el exceso de garantismo constitucional, no debe convertirse en el nuevo camino de imposición de ideologías y sistemas; esta es la tarea actual de la ciudadanía latinoamericana.
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Redacción

Periodismo e investigación

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