Amnistía Internacional denuncia acusaciones falsas y restricción libertad de expresión en Ecuador

La presentación de cargos falsos contra líderes indígenas y comunitarios y las restricciones a la libertad de expresión son dos de las denuncias que Amnistía Internacional (AI) planteó hoy sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador.

Según refleja AI en su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, presentado en Londres, en este país se hicieron “cargos falsos de sabotaje, terrorismo, asesinato y obstrucción ilegal de vías contra dirigentes indígenas y miembros de otras comunidades por presuntos delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones contra industrias extractivas”.

El informe refiere los casos de Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), y otros dos miembros de la comunidad indígena, acusados de terrorismo y sabotaje por participar en una protesta contra las leyes de aguas; de tres dirigentes indígenas, detenidos por unas protestas de 2009 contra una ley nacional de aguas, en las que murió una persona; y de otros tres líderes comunitarios detenidos en Azuay por participar en una protesta contra una propuesta estatal de ley de aguas.

En todos ellos, según la ONG, los cargos se retiraron por falta de pruebas y fueron sustituidos por otros nuevos o bien se mantuvieron pese a la ausencia de evidencias. Solo Carlos Pérez, uno de los detenidos en Azuay, fue condenado a ocho días de prisión.

En cuanto a la libertad de expresión, la ONG dice que las restricciones incluyeron “el uso de cargos de difamación penal contra periodistas que criticaban al gobierno o a autoridades locales”.

El caso más destacado, y que recoge el informe de AI, es el de cuatro periodistas del diario El Universal, de Guayaquil, que fueron condenados en julio a pagar una indemnización de 40 millones de dólares al presidente del país, Rafael Correa, y a “tres años de prisión por difamación penal”.

Unos meses antes, Correa había demandado a los tres principales directivos del diario y al exeditorialista Emilio Palacio por “injurias calumniosas” en su contra, por un artículo de opinión donde se señalaba que el mandatario habría ordenado “fuego a discreción” contra un hospital lleno de civiles, durante una revuelta policial el 30 de septiembre de 2010.

No obstante, tras la ratificación de la sentencia por parte de varios tribunales, el presidente decidió perdonarles y solicitar la remisión de la condena.

El informe sobre Ecuador también dedica un capítulo importante a “la impunidad”, que incluye tanto “casos de homicidios y abusos cometidos por la policía, por sicarios y por miembros de juntas rurales” como el caso de la desaparición forzada, en 1988, de los colombianos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, cuya investigación sigue abierta después de 24 años.

EFE

Redacción

Periodismo e investigación

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