Veedores alojados en la embajada de Panamá


Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha asegurdo a EFE que los cuatro veedores acusados de mentir al afirmar que el Presidente Correa conocía de los contratos de su hermano Fabricio con el Estado, están en la embajada en Quito y que “se está haciendo las consultas pertinentes en estos casos y aún no hay nada decidido” sobre su petición de asilo.

Entretanto, un juez ecuatoriano ordenó hoy no salir del país a los cuatro miembros de una veeduría que dijo que el presidente Rafael Correa conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado y los cuales están en la embajada de Panamá en Quito a la espera de una respuesta a su petición de asilo.

El magistrado Fabián Llánez les ordenó además que se presenten ante el juzgado cada 15 días, después de que la Fiscalía no pidiera la prisión preventiva en una audiencia celebrada hoy, según Ramiro Román, el abogado de los acusados.

Pablo Chambers, el presidente de esa veeduría, y sus colegas José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo no se presentaron a la audiencia. La audiencia de formulación de cargos estaba prevista para las 14h30.

Los veedores temían que el juez Fabián Yánez ordene su encarcelamiento.

Desde el pasado viernes, Chambers y sus colegas han acudido a las embajadas de Costa Rica, Panamá, Chile, Reino Unido y el Vaticano en Quito para presentar las solicitudes de asilo.

Su meta era lograr refugio en otro país antes de comparecer ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, porque creen que el juez Raúl Martínez les negará la libertad condicional y tendrán que esperar en la cárcel a que se celebre el juicio contra ellos.

“De lo que nos acusan es algo parecido a terrorismo. Eso no tiene medidas sustitutivas a la prisión”, dijo Chambers, quien aclaró que el cargo es “perjurio, tratando de desestabilizar la democracia”.

El propio mandatario solicitó la creación de la veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, Correa acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que los denunció ante la Fiscalía, que ha impulsado un juicio penal contra ellos.

Los veedores han solicitado medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también han acudido a la Defensoría del Pueblo, que por ahora no se han pronunciado a su favor, explicó Chambers, que dijo no confiar en la justicia ecuatoriana.

“Nos sentimos absolutamente frustrados, absolutamente indefensos”, se quejó.

En su informe, la veeduría aseveró que el volumen de los contratos de Fabricio Correa ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.

También afirmó que Rafael Correa sí conocía esos contratos y también señaló que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio que, después del escándalo, se ha presentado como un acérrimo opositor a la gestión de su hermano.

El mandatario ha negado haber tenido conocimiento de los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz, y ha afirmado que el objetivo de la veeduría era “hacerle daño al Gobierno”.

Los miembros del comité fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo auditor ciudadano. EFE 

Redacción

Periodismo e investigación

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