Satya, un caso de supremacía constitucional

Por: Italo Sotomayor.

Si Andrés Bello hubiese conocido a Helen Bicknell y Nicola Rothon, y su sueño de inscribir a la pequeña Satya como su hija, de seguro hubiese expresado su negativa, argumentando conceptos y principios del Derecho Civil de antaño. El nuevo Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia, contradice totalmente aquellos pensamientos que intentan encontrar asidero en estos tiempos de modernidad jurídica. Y es que este primer caso de doble maternidad y su intento de contradecir las normas civiles, no puede ser entendido desde otro punto de vista, que no sea el constitucional, pues, nuestra Carta Magna, alumbra al sistema jurídico en su conjunto e irradia efectos de directa e inmediata aplicación.
Los abogados del Registro Civil y de la Procuraduría, han manifestado la imposibilidad de inscripción de la niña, por considerarlo un caso de adopción, que constituye un derecho exclusivo y excluyente para personas de distinto sexo. En principio, el argumento es verdadero porque han realizado una transcripción exacta del Art. 68 de la Constitución de la República, que contiene en su inciso segundo dicha prohibición; pero nada más confuso e irreal, lo que ha manifestado la parte demandada, ya que, este no es un caso de adopción, sino de inscripción. Los asesores jurídicos de la Dirección Nacional de Registro Civil, trabajan sus argumentos basados en una Ley de Registro Civil que data de 1976, que con tan solo observar la antigüedad de su expedición, podemos concluir que es contraria a la Constitución del 2008. El mismo Art. 68, reconoce a las uniones de hecho, y al hacerlo, directamente se muestra de acuerdo a las uniones de personas del mismo sexo, por lo tanto, poseen iguales derechos y obligaciones que tienen las parejas constituidas en matrimonio. Entre esos derechos, existe una presunción de paternidad, que indica, que todas las hijas o hijos producto de esa unión, tendrán como madre y padre a quienes conformen ese hogar de hecho. En el caso que nos atañe, Helen y Nicola, se encuentran bajo la figura de una unión de hecho, y Satya, se presume que es su hija, como verdaderamente lo es.
Por otra parte, es preciso mencionar, lo contenido en el Art. 67 de la Constitución, al reconocer expresamente la familia en sus diversos tipos. Este apartado constitucional, contempla un concepto moderno y apropiado para nuestros tiempos, de lo que debería ser llamado familia. Hace mucho quedaron atrás, todos aquellos conceptos clásicos y retrógrados que de forma desacertada pretendían perpetuar una definición en la que sólo era posible concebir un hogar conformado por un hombre y una mujer. Se ha dicho que es inmoral y hasta antinatural, reconocer que parejas del mismo sexo puedan ser denominadas como familia. Dicho reclamo, como es natural, proviene de aquellos segmentos retardatarios, que carecen de aquella pluralidad de pensamiento, en la que se les hace imposible, aceptar y entender, que las sociedades avanzan, mutan y se diversifican.
El caso Satya, constituye una oportunidad sin precedentes para hacer valer la supremacía constitucional contenida en el Art. 424 y 425 de nuestra Constitución. Gracias a este orden jerárquico y subordinado, podemos dar aplicación inmediata a los derechos y garantías constitucionales de formar primordial, lo cual hace carecer de eficacia jurídica, a todas las disposiciones civiles y registrales que han sido invocadas en este embrollo jurídico. Sería interesante, que ante la inexistencia de un consenso de voluntades, y de poca diligencia por parte de los operadores de justicia, estos hagan llegar a la Corte Constitucional el expediente, tal como lo estipula el Art. 428 de la Constitución, para que sean estos los que den luces sobre la correcta interpretación de los derechos y garantías de la pareja, así como de la derogación tácita que sufrirían las normas civiles y registrales contrarias a la plena vigencia de los derechos. Satya, nos ha otorgado la posibilidad como sociedad civil, de organizarnos por la defensa de los derechos de las minorías sexuales y de pasar a ser activos fijos del cambio y ya no más simples observadores. Ardua es la labor de esta sociedad ecuatoriana por intentar desaprender aquellas viejas doctrinas sociales y comenzar a aceptar el homosexualismo y demás, como parte de nuestro conglomerado humano. El laicismo y la democracia, deben ser pilares primordiales de las cortes ecuatorianas. Debemos entender de forma urgente, que los curuchupas pierden fuerza argumentativa, toda vez que se topan con el Derecho, pues este, más que un caso de discriminación sexual, es un caso de discriminación jurídica.
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Redacción

Periodismo e investigación

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