Informe de Human Rights Watch sobre Ecuador

En un referéndum celebrado en mayo de 2011, el Presidente Rafael Correa consiguió un mandato popular para implementar una serie de reformas constitucionales que podrían ampliar significativamente el poder del gobierno para limitar a los medios de comunicación e influir en el nombramiento y la destitución de jueces.

Quienes participen en protestas que deriven en episodios de violencia podrían ser acusados indebidamente de cometer el delito de terrorismo. Continúan vigentes leyes penales sobre difamación que restringen la libertad de expresión y que han sido aplicadas por el gobierno de Correa contra sus críticos en varias oportunidades. Algunos artículos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación presentado en 2009 y que aún está pendiente ante la Asamblea Nacional podrían permitir que se censure a medios de comunicación.

Uso indebido de disposiciones antiterroristas en casos de protesta social

Los fiscales han aplicado una disposición del Código Penal sobre “sabotaje y terrorismo” en casos relacionados con protestas contra proyectos de minería y petróleo y en otros incidentes que derivaron en enfrentamientos con la policía. La comisión de actos de violencia o la obstrucción de carreteras durante este tipo de protestas debería, en todo caso, ser un delito penal común. Sin embargo, el Código Penal de Ecuador incluye, en la categoría de sabotaje y terrorismo, a los “delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes”, cometidos por individuos o grupos “armados o no”. La pena prevista para estos delitos es de cuatro a ocho años de prisión. En julio de 2011, el Centro de Derechos Económicos y Sociales, una ONG ecuatoriana de derechos humanos, informó que 189 indígenas habían sido acusados por delitos de terrorismo y sabotaje. La mayoría de estas personas estaban prófugas y solamente ocho habían sido condenadas.

Rendición de cuentas

En los casos de abusos policiales, la impunidad ha sido la regla, y son pocas las veces en que los responsables de asesinatos que se atribuyen a “ajustes de cuentas” entre pandillas delictivas responden ante la justicia. En junio de 2010, una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa publicó un informe donde se documentan 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones forzadas ocurridas entre 1984 y 2008, y se identifica a 458 personas que habrían cometido abusos. Según la Comisión, como resultado de la aplicación de plazos de prescripción, disputas sobre jurisdicción y demoras procesales, son pocos los responsables de estos abusos que han sido juzgados. En octubre de 2010, el Fiscal General del Estado designó a un equipo de fiscales que reanudarían la investigación de los casos denunciados por la Comisión. En septiembre de 2011, se informó que los fiscales habían reiniciado la investigación de varios casos clave, pero ninguna persona había sido acusada.

Libertad de expresión

El Código Penal ecuatoriano aún contiene disposiciones que penalizan el desacato y prevén penas de prisión de hasta tres meses para ofensas contra funcionarios públicos, y de hasta dos años para quienes ofendan al presidente.En septiembre de 2011, la Corte Constitucional del Ecuador aceptó tratar el recurso planteado por Fundamedios, una ONG ecuatoriana dedicada a la promoción de la libertad de prensa, en el cual se impugna la constitucionalidad de estas disposiciones. Un nuevo Código Penal presentado por el gobierno a la Asamblea Nacional en octubre no incluye el delito de desacato, pero si este proyecto se aprueba igualmente se aplicarían penas de prisión de hasta tres años a quienes difamen a autoridades públicas.

El código vigente permite aplicar penas de prisión y gravosas indemnizaciones a periodistas por este delito. Según Fundamedios, hasta octubre de 2011, 5 periodistas habían recibido penas de prisión por el delito de difamación desde 2008, y 18 periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación habían sido acusados por delitos de este tipo.

Es habitual que el Presidente Correa insulte a periodistas y medios que lo critican, y en algunos casos ha iniciado acciones judiciales a título personal contra periodistas por difamación. En julio de 2011, un juez de la provincia de Guayas condenó a Emilio Palacio, director de la sección de opinión del periódico El Universo de Guayaquil, y a tres miembros de la Junta Directiva de este medio a tres años de prisión, y ordenó que pagaran una indemnización de US$ 40 millones al presidente por haber publicado un artículo que el juez consideró difamatorio. En una columna de opinión, Palacios se había referido a Correa como “dictador” y lo acusó de ordenar a sus fuerzas que dispararan contra un hospital “lleno de civiles y gente inocente” durante una sublevación policial en septiembre de 2010.

En septiembre de 2011, un tribunal de apelación confirmó por mayoría la pena de prisión y la multa impuestas en primera instancia. Correa señaló en una conferencia de prensa que consideraría la posibilidad de perdonar a los condenados si confesaban que habían mentido, se disculpaban ante el pueblo ecuatoriano y prometían ser más “seri[os], más profesiona[les], más étic[os]” en el futuro.

Con el propósito de refutar las críticas de los medios de comunicación, el gobierno también ha aplicado una disposición de la Ley de Comunicación que obliga a emisoras privadas a interrumpir su programación para transmitir cadenas del gobierno. Según una ONG independiente que monitoreó la prensa, entre enero de 2007 y mayo de 2011, se emitieron 1.025 cadenas (por un total de 151 horas de transmisión), incluyendo muchas en las cuales se profirieron ataques contra críticos del gobierno.

Desde 2009, la Asamblea Nacional analiza una ley de regulación de medios audiovisuales y prensa escrita. En un referéndum en mayo de 2011, se votó por estrecha mayoría a favor de una propuesta para crear un consejo oficial de regulación de contenidos de televisión, radio y medios gráficos. Varias propuestas presentadas por seis legisladores del partido gobernante en la Asamblea Nacional en julio de 2011 otorgarían amplios poderes a este consejo regulador oficial y le permitirían sancionar a medios que diseminen “información de relevancia pública, que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado”. Estos términos tan poco precisos podrían facilitar la imposición de sanciones contra medios críticos.

Independencia judicial

Durante años, el poder judicial ecuatoriano se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. Las medidas adoptadas por Correa para reformar el sistema podrían aumentar notablemente la injerencia del gobierno en el nombramiento y la destitución de los jueces. En el referéndum de mayo de 2011, los votantes aprobaron una propuesta para disolver el Consejo de la Judicatura, un organismo integrado por juristas encargados de seleccionar, ascender y destituir a jueces, cuya eficiencia ha sido ampliamente cuestionada. Se previó sustituirlo durante 18 meses por un consejo tripartito de transición que sería designado por el presidente, el poder legislativo (donde Correa tiene el apoyo de la mayoría) y la “Función de Transparencia y Control Social”, el poder ciudadano creado en la Constitución de 2008. Este consejo de transición destituyó a numerosos jueces durante agosto y septiembre de 2011.

El referéndum también aprobó una reforma constitucional que concede al poder ejecutivo y a personas designadas por este un rol directo en el nuevo consejo judicial que reemplazaría al anterior disuelto. De los cinco miembros del nuevo consejo, uno sería elegido por el poder ejecutivo, y entre los demás se incluirían el Fiscal General y el Defensor Público.

En septiembre de 2011, a pedido del consejo de transición, Correa declaró el “estado de excepción en la Función Judicial” con el fin de resolver la “situación crítica” del sistema judicial. El decreto declaró una “movilización nacional, especialmente de todo el personal de la Función Judicial”. La falta de claridad respecto del significado de “movilización” podría amenazar la independencia de los jueces al sugerir que deben alinearse con los objetivos del gobierno o exponerse a la posibilidad de ser destituidos.

Defensores de derechos humanos

El gobierno de Correa ha propuesto establecer reglamentaciones más estrictas para las actividades de ONG nacionales e internacionales en el país, incluidas aquellas dedicadas a la protección de derechos humanos y del medioambiente. Según se establece en un proyecto de decreto anunciado en diciembre de 2010, las ONG nacionales, incluso aquellas que trabajan en temas de derechos humanos, deberán reinscribirse y someterse a un monitoreo constante del gobierno. El decreto concedería al gobierno amplias facultades para disolver a organizaciones que realicen “proselitismo político” y “compromet[an] la seguridad nacional o los intereses del Estado”. Se trata, en ambos casos, de términos sumamente imprecisos que podrían comprometer gravemente las actividades legítimas de las ONG. Al momento de la redacción de este documento, el decreto no había sido adoptado.

Otro decreto presidencial de julio de 2011, que regula a ONG internacionales que tengan sedes en Ecuador, permite al gobierno monitorear todas sus actividades y rescindir las autorizaciones cuando participen en actividades que sean distintas de las descriptas en su solicitud o que “atentan contra la seguridad y la tranquilidad públicas”. En agosto, el gobierno anunció que tenía previsto interrumpir el funcionamiento de 16 ONG extranjeras debido a que no habían proporcionado información sobre sus actividades.

En junio, en una transmisión de radio, Correa acusó a Fundamedios y a otra ONG, Participación Ciudadana, de intentar desestabilizar a su gobierno y las cuestionó por haber presuntamente recibido fondos de donantes extranjeros. En respuesta a una declaración de Fundamedios en la cual señalaba que los fondos recibidos cumplían con los requisitos legales, el Secretario de Comunicación acusó a las ONG de implementar “estrategias políticas y tácticas militares montadas para crear confusión o promover corrientes de opinión pública favorables a los intereses de algunos de sus financistas”.

Actores internacionales clave

En agosto de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un caso en el cual acusa a Ecuador de violar el derecho al debido proceso de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron destituidos arbitrariamente por la Asamblea Nacional durante la crisis constitucional de 2004.

En octubre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia temática sobre libertad de expresión en Ecuador. La Comisión abordó el uso constante de las leyes penales de difamación para juzgar a personas que critican a autoridades públicas en relación con temas de interés público, y señaló que en esos casos la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles. La Comisión también expresó su “profunda preocupación” ante las cadenas gubernamentales (que debieron transmitir todos los canales de televisión y estaciones de radio) en las cuales se intentó desacreditar a Fundamedios, cuyos representantes habían prestado testimonio durante la audiencia.

 

Aquí el informe completo:

Redacción

Periodismo e investigación

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