Temas relacionados con las jubilaciones incomodan al bloque de Alianza PAIS (AP) y ponen nuevamente en duda el apoyo de los legisladores aliados.

Ayer, la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de jubilación especial. Este contempla bajar a 25 años de aportaciones y que el límite sea de 55 años de edad para que una mujer acceda voluntariamente a la jubilación. Actualmente debe tener 60 años y 30 de aportaciones.

Este texto fue apoyado por los asambleístas Enrique Herrería (antes de MG), Kléver García (PSP), Nívea Vélez (no afiliada), Consuelo Flores (MG), Scheznarda Fernández (no afiliada) y Silvia Salgado (PSE). Estas dos últimas son cercanas al oficialismo.

Los oficialistas no respaldaron la propuesta, al igual que el MPD, que cuestionó el establecimiento base de los 55 años para la jubilación, cuando en el proyecto original no existía límite de edad.

Fernández, que preside la Comisión de los Trabajadores, precisó que el proyecto está basado en el informe actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), por lo que descartó que exista el riesgo de un desfinanciamiento del IESS.

Precisó que este es un reconocimiento para las mujeres y resaltó el respaldo de varias organizaciones.

Para AP, el problema no es el contenido del proyecto, que sí tendría su apoyo, sino su posible inconstitucionalidad al ser planteado desde la Asamblea, lo que implicaría exoneración de recursos económicos. Según el artículo 135 de la Constitución, solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público.

Betty Carrillo (AP) dijo que 36.138 mujeres podrían acceder a este beneficio, lo que significaría un gasto de $ 5.450 millones para el Estado. Añadió que según el informe actuarial del IESS durante los cinco primeros años, tomando las 360 aportaciones, el Estado requerirá de $ 1.200 millones para cumplir con esta obligación. “En el caso (de) que la Asamblea Nacional presente esta propuesta, lo único que traerá como consecuencia es que se declare inconstitucional. Entonces parecería que el presidente de la República no quiere cumplir el apoyo a las mujeres”.

Salgado aclaró que al ser una decisión voluntaria se estima que entre 8 mil y 10 mil de ellas se acogerían al beneficio, lo que reduce su impacto económico.

Fernández recordó que hay antecedentes de aprobación de leyes con incidencia económica. Citó los casos de la Ley de Discapacidades, Enfermedades Raras, que no fueron declaradas inconstitucionales y tampoco vetadas totalmente por el presidente Correa.

Sostuvo que ningún legislador de AP propuso el archivo en el primer debate y que muchos de ellos tienen doble discurso al inicialmente respaldar este texto y luego cambiar opinión.

Una salida que se plantea es que el Ejecutivo presente un proyecto sobre este tema.

Sobre ello, el legislador Carlos Samaniego (AP) anunció que el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, ofreció –junto al Ejecutivo– presentar un proyecto relacionado con la Jubilación Especial para la Mujer.

Fernández afirmó que sería ideal que el régimen presente su propuesta, así eso tome unos días, pero solicitó al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), incluir ya en el orden del día de la próxima sesión del pleno el segundo debate de este proyecto.

Posturas: Beneficio para mujeres
Scheznarda Fernández
PRESIDENTA DE MESA (NO AFILIADA)
“Defenderemos este proyecto con uñas y dientes, porque es en beneficio de las mujeres”.

Betty Carrillo
INTEGRANTE DE AP
“Si desde la Asamblea se aprueba un gasto al Estado por $ 5.450 millones, tiene que ser una propuesta que venga del Ejecutivo”.